ANÁLISIS DE SEGURIDAD
Neutralizar no es desmantelar: el Estado mexicano frente al crimen organizado
Un análisis sistémico y multinivel del CJNG: poder criminal, vacío institucional y corresponsabilidad bilateral
Febrero de 2026
Nota metodológica: Este análisis parte del abatimiento reportado el 22 de febrero de 2026 del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho". Independientemente de ese proceso, los argumentos aquí desarrollados se sostienen sobre la estructura del fenómeno criminal y sus condiciones de posibilidad, no sobre la certeza de un hecho puntual.
Resumen ejecutivo
El abatimiento de un líder criminal de alto perfil genera titulares de impacto inmediato, pero raramente altera las condiciones estructurales que hicieron posible su ascenso y la consolidación de su organización. Este análisis argumenta que el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es un fenómeno explicable únicamente como producto de la voluntad criminal de sus líderes, sino como resultado de un sistema de vacíos, omisiones y complicidades que atraviesa todos los niveles del Estado mexicano, desde el municipio hasta la federación, y que se extiende más allá de las fronteras nacionales para incluir la corresponsabilidad estructural de Estados Unidos.
A través del análisis de tres episodios clave, “el Culiacanazo” de 2019, “el Culiacanazo 2.0” de 2023 y el abatimiento de “El Mencho” en 2026, este documento reconstruye la arquitectura de un problema que no se resuelve con operativos, por más espectaculares que sean, sino con la construcción paciente y sostenida de instituciones capaces de prevenir, perseguir, juzgar y rehabilitar con eficiencia y sin corrupción. La tesis central es una: México tiene un problema de crimen organizado porque tiene un problema de Estado. No al revés.
I. Marco de análisis: por qué el enfoque correcto importa
Existe una tendencia dominante en el análisis de seguridad que podría denominarse el sesgo del titular: la tendencia a evaluar el éxito o fracaso de la política de seguridad a partir de eventos puntuales, capturas, abatimientos, decomisos, que producen un impacto mediático inmediato pero que dicen muy poco sobre la fortaleza o debilidad real del sistema que se pretende combatir. Ese sesgo no es inocente: responde a incentivos políticos que premian la visibilidad sobre la efectividad, y produce una comprensión del fenómeno criminal que llega siempre tarde.
El enfoque correcto exige invertir la dirección del análisis: en lugar de estudiar al crimen organizado de arriba hacia abajo, desde los líderes hacia las organizaciones, es necesario estudiarlo de abajo hacia arriba, desde los territorios de origen, los municipios abandonados, las colonias sin Estado, los jóvenes sin opciones, hasta las redes transnacionales de poder. Solo desde esa perspectiva es posible entender por qué cada "golpe maestro" al crimen organizado en México ha tenido, históricamente, un efecto limitado y frecuentemente transitorio.
Solis Tipian, Contreras Rivera y Sánchez Ramírez (2021), en su investigación sobre políticas públicas y seguridad ciudadana en uno de los distritos más populosos de Lima, Perú, documentaron una percepción generalizada que resuena con fuerza en el contexto mexicano: los ciudadanos perciben que el Estado sabe del problema pero no tiene estrategia real para enfrentarlo, y esa percepción no es solo un dato de opinión pública, sino el insumo con el que el crimen organizado construye legitimidad social en los territorios que el Estado ha abandonado.
El presente análisis adopta un enfoque sistémico y multinivel que reconoce cuatro dimensiones simultáneas e interdependientes del problema: la dimensión territorial y local, la dimensión institucional y de captura del Estado, la dimensión cultural y de reproducción social del crimen, y la dimensión internacional y geopolítica. Ninguna de ellas puede entenderse ni resolverse de forma aislada.
II. El origen ignorado: cómo se fabrica un líder criminal desde la calle
Los encargados de la política de seguridad en México y en buena parte de América Latina comparten un error de perspectiva que tiene consecuencias prácticas graves: analizan el crimen organizado cuando ya es visible, cuando ya es poderoso, cuando ya controla territorios y tiene capacidad de desafiar militarmente al Estado. Para entonces, el problema lleva años, a veces décadas, construyéndose en lugares que nadie miró a tiempo.
Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán. Un municipio pequeño, con pobreza estructural, con presencia institucional mínima y con las mismas condiciones que caracterizan a cientos de municipios mexicanos donde el Estado existe en papel pero no en la vida cotidiana de sus habitantes. Antes de ser "El Mencho", líder del cartel más violento del continente, fue un joven en ese contexto. Eso no es una justificación moral; es un diagnóstico con implicaciones de política pública que el sistema ha preferido ignorar sistemáticamente.
Las etapas del ascenso
El proceso de formación de un líder criminal desde la base comunitaria sigue, con variaciones, una trayectoria identificable que tiene etapas concretas. Y en cada una de ellas existe un punto de intervención posible que el Estado, en la mayoría de los casos, no aprovecha.
La primera etapa es la del joven visible en el barrio. Todo comienza con algo aparentemente menor: visibilidad, respeto y pertenencia. El futuro líder criminal no empieza robando bancos; empieza siendo el que resuelve problemas en su cuadra, el que tiene acceso a cosas que otros no tienen, el que genera lealtades locales a través de favores, protección o carisma. En esta etapa, una presencia institucional real, escuelas de calidad, espacios de desarrollo, referentes de autoridad legítima, podría alterar la trayectoria. No la hay.
La segunda etapa es la del operador local. Ya no es solo el chico del barrio; tiene una función dentro de una red más amplia. Puede ser vigilancia, distribución a pequeña escala, cobro de extorsiones menores o reclutamiento. En este momento su nombre empieza a circular en círculos reducidos. La policía municipal lo conoce, a veces lo tolera, a veces lo protege activamente, a veces simplemente lo ignora porque no tiene recursos ni voluntad institucional para actuar. Esta es la etapa donde la corrupción de proximidad, la del policía de barrio, el ministerio público local, el funcionario municipal, juega un papel estructurante. No como excepción, sino como sistema.
La tercera etapa es la del mando regional. Aquí ya hay una organización real detrás. Territorio controlado, red de operadores, ingresos constantes y capacidad de violencia demostrada. El nombre ya debería estar en los radares de la inteligencia estatal y federal. Y frecuentemente está, pero la respuesta institucional sigue siendo fragmentada, intermitente y vulnerable a la corrupción. Los expedientes se abren y se cierran.
Los operativos se filtran. Los testigos no tienen protección real. El sistema judicial devuelve a los detenidos al poco tiempo. Cada uno de esos fallos institucionales es un escalón que el futuro líder sube.
La cuarta etapa es la consolidación. Ya tiene poder territorial, capacidad financiera, red de protección política y una reputación construida sobre años de violencia estratégica y gobernanza criminal paralela. En este punto, desmantelarlo requiere un esfuerzo institucional masivo, coordinado y sostenido que el Estado mexicano históricamente no ha podido, o no ha querido, ejecutar. Y el ciclo se cierra cuando ese líder cae o muere, y en alguna colonia de algún municipio otro joven invisible comienza exactamente el mismo recorrido.
"El Estado no enfrenta al narco cuando ya es poderoso. Lo produce cuando era invisible."
El municipio como unidad de análisis ignorada
El municipio es la unidad de gobierno más cercana al ciudadano y la más débil institucionalmente en México. La mayoría de los municipios del país tienen períodos de gobierno de tres años sin posibilidad de reelección inmediata, lo que produce una discontinuidad administrativa crónica. Los presidentes municipales llegan sin experiencia, con equipos improvisados, con presupuestos insuficientes y con una policía local que en muchos casos está más cercana al crimen organizado que al Estado federal.
En ese contexto, el joven que está construyendo su poder en la colonia no enfrenta una institución sólida; enfrenta un vacío con uniforme. Y cuando ese vacío se repite municipio tras municipio, año tras año, administración tras administración, el resultado acumulado no es solo inseguridad local. Es la construcción silenciosa, invisible para los radares del análisis nacional, de la base de reclutamiento, financiamiento y legitimidad social sobre la que se sostienen organizaciones como el CJNG.
III. Captura institucional: cuando el Estado deja de ser el Estado
El análisis de la inseguridad en México frecuentemente menciona la corrupción como un problema relevante, pero lo trata como una variable periférica, como la manzana podrida dentro de un sistema por lo demás funcional. Esa lectura es incorrecta y políticamente conveniente para
quienes se benefician del diagnóstico equivocado. Lo que México enfrenta en sus zonas de mayor violencia no es corrupción individual dentro de instituciones funcionales; es captura institucional, es decir, la reconfiguración de las instituciones para que sirvan a los intereses del crimen organizado.
La distinción es crucial porque produce consecuencias completamente diferentes. La corrupción individual puede ser combatida con controles internos, sanciones y depuración de personal. La captura institucional requiere una reconstrucción más profunda, porque la institución misma, su cultura, sus incentivos, sus procedimientos y sus redes de lealtad, ha sido reorganizada para servir a otros fines.
Los tres niveles de la captura
En el nivel municipal, que es el más visible y el que suele citarse en los análisis, el crimen organizado controla licencias, permisos de operación, tesorería, policía preventiva y en casos documentados hasta el registro civil. El alcalde de Tequila, Jalisco, investigado por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG, es un ejemplo ilustrativo de cómo la penetración criminal no es una excepción geográfica sino una posibilidad estructural que el diseño institucional municipal en México hace difícil de prevenir y fácil de sostener.
En el nivel estatal, la infiltración alcanza fiscalías, secretarías de seguridad, sistemas penitenciarios y en algunos casos legislaturas locales. Este nivel es el más dañino para la operación del Estado de derecho porque es donde se toman las decisiones sobre quién es investigado, quién es procesado y quién permanece en libertad. Cuando una fiscalía estatal está capturada, la policía federal puede detener a un operador del CJNG y el sistema lo devuelve a la calle antes de que el operativo termine.
En el nivel federal, que es el que menos se discute públicamente porque las implicaciones son más incómodas, la pregunta sobre la penetración en agencias de inteligencia, fuerzas armadas y órganos de procuración de justicia es inevitable a la luz de casos documentados de militares, agentes y funcionarios procesados por vínculos con organizaciones criminales. No se trata de afirmar que las instituciones federales están completamente capturadas, sino de reconocer que la captura parcial y selectiva en esos niveles produce efectos devastadores sobre cualquier estrategia de desmantelamiento del crimen organizado.
El resultado más grave de la captura institucional no es la corrupción en sí, sino la impunidad sistémica que genera. En México, más del 90% de los delitos no se investigan ni se sancionan. Eso no es únicamente un problema de capacidad; es también, y en una proporción significativa, un problema de voluntad y de a quién le conviene que la impunidad persista. Cuando la impunidad es sistemática, la organización criminal no necesita vencer al Estado; le basta con colonizarlo selectivamente.
IV. La política de seguridad que no existe: del municipio a la federación
México no tiene una política de seguridad pública en el sentido técnico y sustantivo del término. Tiene una sucesión de estrategias reactivas, cambiantes con cada administración, sin continuidad institucional, sin evaluación seria de resultados y sin una arquitectura que conecte de manera coherente los tres niveles de gobierno. Cada sexenio trae su propia narrativa, su propio nombre de programa y su propio aparato simbólico, pero ninguno ha construido la infraestructura institucional que haría posible una respuesta sostenida en el tiempo.
Solis Tipian y colaboradores documentan en su investigación que los funcionarios, policías y ciudadanos entrevistados en Lima coincidieron en señalar que el Estado atiende el problema de seguridad sin estrategia real, sin recursos suficientes y sin evaluación de resultados. Esa descripción, generada en el contexto peruano, describe con precisión el estado de la política de seguridad municipal en México, donde los presidentes municipales enfrentan mandatos cortos, presupuestos insuficientes y una policía local estructuralmente inadecuada para el nivel de violencia que el crimen organizado puede desplegar.
La trampa de la militarización
La respuesta predominante del Estado mexicano ante el escalamiento de la violencia ha sido la militarización de la seguridad pública. Las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, han asumido progresivamente funciones que en sistemas democráticos maduros corresponden a instituciones civiles especializadas: patrullaje, control del territorio, operativos de captura y, más recientemente, funciones de inteligencia y administración de infraestructura civil a través de la Guardia Nacional.
El problema de ese modelo no es que el Ejército no tenga capacidad operativa, sino que la militarización resuelve el síntoma más visible sin atacar las causas del problema. Las fuerzas armadas pueden contener, pueden capturar y pueden abatir, pero no pueden investigar delitos complejos con los estándares procesales necesarios para lograr condenas, no pueden reconstruir el tejido social en comunidades capturadas por el crimen, y no pueden generar la confianza ciudadana que hace posible la cooperación con el Estado. Cuando se les asignan todas esas funciones, el resultado adicional es una militarización que opera en un marco legal difuso y con mecanismos de rendición de cuentas insuficientes.
La opacidad como herramienta
Un elemento que el análisis de política pública raramente nombra con claridad es la opacidad deliberada. En México, la ausencia de datos abiertos, evaluación independiente y acceso a información sobre operativos, detenidos, decomisos reales y destino de activos no es únicamente consecuencia de deficiencias administrativas. En una proporción que es difícil de cuantificar pero que es imposible de ignorar, es funcional para proteger redes de corrupción y complicidad que se benefician de que nadie pueda medir si las estrategias funcionan o únicamente producen narrativa favorable al gobierno en turno.
Sin datos, sin evaluación y sin rendición de cuentas, la política de seguridad se convierte en un espacio donde la imagen sustituye a los resultados. Y en ese espacio, el abatimiento de un líder criminal, como el de “El Mencho” en febrero de 2026, puede ser presentado como un éxito histórico independientemente de lo que ocurra después, porque no existen los mecanismos institucionales necesarios para medir sus consecuencias reales en el mediano y largo plazo.
V. Tres episodios, un mismo diagnóstico
Los tres eventos que enmarcan este análisis, “el Culiacanazo” de 2019, “el Culiacanazo 2.0” de 2023 y el abatimiento de “El Mencho” en 2026, no son episodios separados. Son momentos sucesivos de una misma historia sobre la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado, y cada uno ilumina una dimensión diferente del problema estructural que hemos venido describiendo.
“El Culiacanazo” (octubre de 2019): la rendición documentada
El 17 de octubre de 2019, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el objetivo de concretar su extradición a Estados Unidos. La respuesta del Cártel de Sinaloa fue inmediata, coordinada y devastadora: bloqueos simultáneos en múltiples puntos de la ciudad, enfrentamientos con elementos militares, amenazas directas a familias de personal de seguridad y una demostración de control territorial que paralizó a una capital estatal durante horas.
El gobierno federal ordenó la liberación del detenido. La justificación oficial fue humanitaria: evitar más víctimas civiles. La realidad política era más sencilla y más grave: el Estado mexicano no estaba preparado para asumir las consecuencias de esa acción y optó por capitular de manera pública y documentada.
Las implicaciones institucionales de ese episodio fueron de largo alcance. Primero, envió un mensaje inequívoco a todas las organizaciones criminales del país: la respuesta armada masiva puede revertir una operación federal. Segundo, evidenció que no existía ni inteligencia adecuada ni protocolo de contingencia para un operativo de esa naturaleza. Tercero, y quizás más grave, demostró que la captura de la voluntad política no requiere ser clandestina: puede operar a través de la simple parálisis de la decisión ante la presión.
Aplicando el marco de Solis Tipian al caso, “el Culiacanazo” fue el colapso simultáneo de las cuatro subcategorías de la seguridad ciudadana: no hubo prevención efectiva del riesgo operativo, el control falló en tiempo real, la persecución del delito se revirtió sobre sí misma, y los ciudadanos de Culiacán que vivieron horas de terror no tuvieron ningún mecanismo institucional de atención. Todo en el mismo día y en el mismo lugar.
“El Culiacanazo 2.0” (enero de 2023): la soberanía condicionada
Cuatro años después, Culiacán volvió a arder. Esta vez la causa no fue un operativo del Estado, sino las consecuencias de la captura y extradición a Estados Unidos del mismo Ovidio Guzmán López, consumada en enero de 2023. La reacción fue similar a la de 2019 en sus formas, bloqueos, quema de vehículos, ataques a instalaciones militares, pero diferente en su origen: fue una demostración de poder reactivo ante una pérdida, no una negociación en tiempo real.
A diferencia del primer “Culiacanazo”, el gobierno mexicano no liberó al detenido. Ese resultado podría leerse como fortaleza institucional, pero el contexto obliga a una lectura más matizada: la operación fue coordinada con y para el gobierno de Estados Unidos, con miras a la extradición. La voluntad política de sostener la detención no provino principalmente de una lógica soberana mexicana de persecución del delito, sino de la presión e interés estratégico de Washington. Eso no invalida el resultado, pero sí revela dónde reside realmente la capacidad de decisión en materia de seguridad en la relación bilateral.
“El Culiacanazo 2.0” reveló además la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa como proceso ya en marcha. La captura de Ovidio Guzmán no solo desató violencia reactiva; aceleró la ruptura entre las facciones de “Los Chapitos” e Ismael “El Mayo” Zambada, ruptura que terminaría siendo uno de los elementos más desestabilizadores del panorama criminal mexicano en los años siguientes. Eso confirma una de las hipótesis centrales sobre el análisis: la caída de un líder no desintegra ordenadamente la organización; abre un período de violencia de transición cuya intensidad depende de cuánto haya invertido el Estado en construir una respuesta integral durante ese tiempo.
El abatimiento de “El Mencho” (febrero de 2026): la prueba que viene
Si el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes se confirma con la robustez forense e institucional necesaria, estaríamos ante el golpe más significativo al CJNG desde su fundación. Pero el análisis histórico obliga a una lectura crítica: el CJNG es, de las grandes organizaciones criminales mexicanas, la que más ha avanzado en el modelo de empresa criminal descentralizada. Tiene presencia operativa en más de veinte estados de México y células documentadas en decenas de países. Su cadena de valor, que incluye tráfico de fentanilo, extorsión, huachicol, economías locales capturadas y lavado de activos transnacional, no depende de la supervivencia física de ningún individuo para funcionar.
Lo que sí puede ocurrir, y aquí está el riesgo más inmediato, es el escenario de fragmentación violenta. El CJNG tiene mandos regionales con autonomía operativa real y una historia de disputas internas que han sido gestionadas por la autoridad central. Sin esa autoridad, varios mandos pueden intentar consolidar su propio dominio, produciendo exactamente el ciclo de violencia de transición que caracteriza los períodos de vacío de liderazgo en organizaciones criminales complejas.
La pregunta que define el valor real del abatimiento no es si ocurrió, sino qué hace el Estado mexicano a continuación. Un golpe táctico sin seguimiento estratégico se convierte en símbolo. Un golpe táctico acompañado de desmantelamiento financiero, judicialización de redes, depuración institucional y reconstrucción de gobernanza local puede ser el inicio de algo distinto. La historia reciente no genera optimismo, pero tampoco determinismo: la ventana existe; el resultado depende de la voluntad y la capacidad institucional para aprovecharla.
VI. La narcocultura: la infraestructura invisible
Ningún análisis de seguridad sobre el CJNG o el crimen organizado mexicano está completo si no aborda la narcocultura como variable estructural. Y sin embargo, es precisamente el elemento que más sistemáticamente se omite, probablemente porque su reconocimiento obliga a preguntas incómodas sobre el papel del abandono institucional en la construcción de referentes culturales alternativos.
La narcocultura no es un subproducto del crimen organizado; es en parte su infraestructura social. Cuando una organización como el CJNG logra convertirse en referente de ascenso social, de identidad colectiva, de protección y hasta de justicia informal en comunidades donde el Estado es sinónimo de ausencia o abuso, ya no estamos hablando solo de un problema policial. Estamos hablando de una disputa por la legitimidad del orden social.
Los tres planos de la narcocultura
En el plano económico, el crimen organizado es en muchas regiones el empleador más dinámico, el que paga mejor y el que ofrece movilidad social rápida, especialmente a jóvenes sin opciones reales. Para un joven en un municipio de Jalisco o Michoacán con acceso a educación deficiente, sin mercado laboral formal y con una familia que vive en condiciones de precariedad, el reclutamiento criminal no es una elección entre el bien y el mal; es frecuentemente la única oferta de ascenso social que recibe.
En el plano simbólico, el crimen organizado construye narrativas de poder, lealtad y pertenencia que compiten directamente con las instituciones del Estado. La figura del líder criminal que "se hizo solo", que protege a su comunidad de origen y que desafía al sistema que lo abandonó, tiene una resonancia cultural profunda en contextos de desigualdad estructural. Esa narrativa no es propaganda fabricada; es una construcción social genuina que emerge del abandono real y que el Estado no ha sabido, ni querido, disputar con una narrativa alternativa creíble.
En el plano cultural propiamente dicho, la música, la estética, los códigos de conducta y las estructuras de género se reconfiguran alrededor de los valores del crimen organizado en las comunidades de mayor influencia. Eso hace que el reclutamiento no sea solo coercitivo sino también aspiracional, lo que lo hace significativamente más difícil de combatir mediante operativos de seguridad.
Desmantelar esa infraestructura cultural no se hace con militares; se hace con presencia estatal real, con oportunidades concretas y sostenidas, con educación de calidad y con una narrativa alternativa que el Estado mexicano históricamente no ha sabido construir. Mientras eso no ocurra, por cada líder criminal abatido, el sistema que lo produjo tiene capacidad de generar su reemplazo, no porque el crimen sea invencible, sino porque las condiciones estructurales que lo alimentan permanecen intactas.
VII. La corresponsabilidad bilateral: el negocio que arma la narcoguerra
Existe una asimetría narrativa fundamental en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad que es necesario nombrar con claridad: Washington exige resultados, financia operativos, sanciona líderes criminales, presiona por extradiciones y amenaza con intervención unilateral. Todo eso desde una posición de superioridad moral implícita en la que el problema es México, los cárteles son mexicanos y la violencia ocurre en México. Esa narrativa, que domina los foros diplomáticos y los documentos de política bilateral, omite deliberadamente dos verdades estructurales que hacen de Estados Unidos un actor corresponsable, no un socio externo benigno.
El flujo de armas
La primera verdad es el flujo de armamento. Las cifras documentadas por la propia Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, la ATF, indican de manera consistente que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas confiscadas en México y sometidas a trazabilidad tienen origen en territorio estadounidense. Ese rango varía según el período y la metodología, pero la tendencia es inequívoca y ha sido sostenida durante décadas.
El mecanismo es relativamente directo en su arquitectura. En estados fronterizos como Texas, Arizona, Nuevo México y California, las leyes de adquisición de armas son notablemente permisivas. Las compras de paja, donde una persona sin antecedentes adquiere armas legalmente para transferirlas ilegalmente a terceros, han sido durante años el canal principal de abastecimiento de los cárteles mexicanos. A eso se suman las ferias de armas con vacíos regulatorios, el mercado secundario con escasa trazabilidad y, en casos documentados, redes de tráfico organizadas con operaciones a ambos lados de la frontera.
El caso más emblemático fue la Operación Rápido y Furioso, ejecutada por la ATF entre 2009 y 2011, donde agentes estadounidenses permitieron deliberadamente que más de dos mil armas cruzaran la frontera hacia México con la intención de rastrearlas hasta los líderes de los cárteles. El operativo fracasó: las armas se perdieron en el sistema criminal mexicano y algunas aparecieron en escenas de crímenes, incluyendo el asesinato de un agente fronterizo estadounidense. Ese episodio no fue solo un error operativo; fue la demostración de que dentro del propio aparato de seguridad de Washington existían lógicas que priorizaban la inteligencia sobre la responsabilidad, con consecuencias letales para México.
El impacto sobre la violencia en México es directo y medible. El CJNG, el ejemplo más extremo, ha documentado el uso de vehículos blindados artesanales, drones modificados con explosivos y armamento de alto calibre que no sería accesible sin ese flujo constante desde el norte. Cuando el Ejército mexicano enfrenta a células del cartel, en alguna medida está enfrentando armamento fabricado en Estados Unidos, vendido legalmente en algún punto de su cadena y traficado a través de un sistema que Washington no ha tenido voluntad real de desmantelar porque hacerlo requeriría enfrentar a la industria armamentista y al lobby de la Segunda Enmienda, los actores políticos más poderosos del debate doméstico estadounidense.
El mercado que financia todo
La segunda verdad corresponsable es el mercado de consumo. Estados Unidos es el mercado de drogas más grande del mundo. La epidemia de opioides y fentanilo que ha devastado comunidades estadounidenses en la última década es en parte consecuencia directa del negocio que el CJNG y otras organizaciones mexicanas han construido para satisfacer esa demanda. Pero esa demanda no fue creada por los cárteles: fue generada por décadas de prescripción irresponsable de opioides por parte de la industria farmacéutica estadounidense, con la complicidad o negligencia de reguladores federales. Los cárteles no crearon el mercado; lo capturaron cuando la regulación farmacéutica lo dejó huérfano.
Eso configura una situación estructuralmente absurda: Estados Unidos exporta hacia México el dinero que financia a los cárteles, a través del consumo de drogas, y exporta también las armas que esos cárteles usan para defender sus operaciones. Y luego exige a México que resuelva el problema con instituciones debilitadas por décadas de abandono y corrupción, en parte producidas por esas mismas dinámicas.
Una cooperación asimétrica
La relación bilateral en materia de seguridad no es una asociación entre iguales. Es una relación de asimetría donde Washington define los términos, establece las prioridades, decide cuándo cooperar y cuándo presionar, y mantiene sobre México la amenaza permanente de certificación o descertificación que tiene consecuencias económicas reales. En ese marco, México ha oscilado históricamente entre la subordinación operativa, que acepta los términos de Washington a costa de la soberanía real, y el nacionalismo defensivo, que rechaza la cooperación bajo argumentos soberanistas pero sin construir la capacidad institucional interna que haría esos argumentos creíbles.
Lo que falta es una política exterior de seguridad mexicana que exija reciprocidad real en el control de armas y lavado de dinero, que construya alianzas multilaterales que reduzcan la dependencia bilateral, y que use los foros internacionales para documentar con la misma energía con que Washington documenta los fallos mexicanos la corresponsabilidad estructural del lado norte de la frontera. Eso requiere un Estado mexicano lo suficientemente sólido institucionalmente para negociar en esos términos, sin que la corrupción interna le quite argumentos antes de sentarse a la mesa.
VIII. Conclusiones: lo que los tres eventos realmente miden
El análisis desarrollado en estas páginas conduce a una conclusión que es incómoda precisamente porque distribuye responsabilidades en múltiples direcciones y no permite construir una narrativa simple de víctimas y victimarios. El crimen organizado en México, y el CJNG como su expresión más violenta y compleja, no es un fenómeno que ocurrió a pesar del Estado mexicano. Es en parte un fenómeno que ocurrió gracias a sus vacíos, sus omisiones y sus complicidades, acumulados durante décadas en todos los niveles de gobierno.
“El Culiacanazo” de 2019 midió la voluntad política del Estado mexicano ante la presión criminal. La encontró ausente. “El Culiacanazo 2.0” de 2023 midió la soberanía real del Estado en materia de seguridad. La encontró condicionada a los intereses estratégicos de Estados Unidos. El abatimiento de “El Mencho” en febrero de 2026 medirá la capacidad institucional del Estado para convertir un golpe táctico en una transformación estratégica. Ese resultado está por escribirse, pero la historia reciente no invita al optimismo automático.
Lo que los tres eventos juntos revelan, con una claridad que debería ser imposible de ignorar para los encargados de la política de seguridad en México, es que el país no tiene un problema de crimen organizado que debe resolver para tener un Estado funcional. Tiene un problema de Estado que produce, alimenta y recicla el crimen organizado de manera sistémica. Mientras esa relación causal no se entienda y se actúe sobre ella de manera integral y sostenida, los titulares seguirán siendo espectaculares y el iceberg seguirá intacto bajo la superficie.
"El país no tiene un problema de crimen organizado que resolver para tener un Estado. Tiene un problema de Estado que produce crimen organizado de manera sistémica."
Las condiciones de una transformación real
Una transformación real del panorama de seguridad en México requiere, como mínimo, cinco condiciones simultáneas que ningún gobierno ha logrado sostener de manera articulada. La primera es la reconstrucción institucional desde el municipio, con financiamiento suficiente, continuidad administrativa, profesionalización policial real y mecanismos de rendición de cuentas que no dependan de la voluntad del presidente municipal en turno. La segunda es el desmantelamiento financiero del crimen organizado, que va mucho más allá de los decomisos puntuales e implica extinción de dominio efectiva, trazabilidad de prestanombres y empresas fachada, y cooperación judicial internacional sostenida.
La tercera condición es la reconstrucción de la función judicial, con fiscalías autónomas y funcionales, jueces protegidos de la presión criminal y un sistema de protección a testigos que haga posible la cooperación ciudadana en los territorios más violentos. La cuarta es una política social que conecte explícitamente con la estrategia de seguridad, reconociendo que el reclutamiento criminal se combate con presencia estatal real, oportunidades educativas y laborales concretas, y una narrativa de legitimidad institucional que compita con la que el crimen organizado construye desde abajo. La quinta, finalmente, es una política exterior de seguridad que exija corresponsabilidad real de Estados Unidos en el control de armas y el combate al lavado de dinero, sin subordinarse a los intereses de Washington ni escudarse en un nacionalismo que encubre las propias deficiencias.
Ninguna de esas condiciones es técnicamente imposible. Todas son políticamente difíciles porque afectan intereses consolidados, requieren continuidad que trasciende ciclos electorales y obligan a un nivel de transparencia que incomoda a múltiples actores dentro y fuera del gobierno. Pero sin ellas, el ciclo continuará: líderes criminales que ascienden desde colonias invisibles, instituciones que los toleran o los protegen, operativos espectaculares que los eliminan, y organizaciones que los reemplazan. Una y otra vez. Hasta que alguien decida que el problema es el sistema, no el individuo.
Referencias y fuentes
Solis Tipian, M. A., Contreras Rivera, R. J., y Sánchez Ramírez, L. G. (2021). Políticas Públicas, su impacto en la Seguridad Ciudadana. Innova Research Journal, 6(1), 31-46. https://doi.org/10.33890/innova.v6.n1.2021.1516
Hidalgo Montes, G. A. (2026). Decapitar no es desarticular: el verdadero reto tras la caída del líder del CJNG. Análisis de opinión, 22 de febrero de 2026.
Chinchilla, L. y Vorndran, D. (2018). Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
U.S. Department of Justice, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Annual Firearms Commerce Reports (2010-2024). Washington, D.C.
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC). CJNG Sanctions Designations (2015-2026). Washington, D.C.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019). Seguridad Ciudadana. América Latina y el Caribe.
García, J. y Devia, C. (2017). Cultura y violencia en Latinoamérica: ¿qué hacer desde la seguridad ciudadana? Revista Logos, Ciencia & Tecnología, 10(1), 158-171.
Instituto Superior de Ciencias de la Seguridad y Administración Pública | Febrero 2026
Neutralizar no es desmantelar: el Estado mexicano frente al crimen organizado
Un análisis sistémico y multinivel del CJNG: poder criminal, vacío institucional y corresponsabilidad bilateral
Febrero de 2026
Nota metodológica: Este análisis parte del abatimiento reportado el 22 de febrero de 2026 del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho". Independientemente de ese proceso, los argumentos aquí desarrollados se sostienen sobre la estructura del fenómeno criminal y sus condiciones de posibilidad, no sobre la certeza de un hecho puntual.
Resumen ejecutivo
El abatimiento de un líder criminal de alto perfil genera titulares de impacto inmediato, pero raramente altera las condiciones estructurales que hicieron posible su ascenso y la consolidación de su organización. Este análisis argumenta que el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es un fenómeno explicable únicamente como producto de la voluntad criminal de sus líderes, sino como resultado de un sistema de vacíos, omisiones y complicidades que atraviesa todos los niveles del Estado mexicano, desde el municipio hasta la federación, y que se extiende más allá de las fronteras nacionales para incluir la corresponsabilidad estructural de Estados Unidos.
A través del análisis de tres episodios clave, “el Culiacanazo” de 2019, “el Culiacanazo 2.0” de 2023 y el abatimiento de “El Mencho” en 2026, este documento reconstruye la arquitectura de un problema que no se resuelve con operativos, por más espectaculares que sean, sino con la construcción paciente y sostenida de instituciones capaces de prevenir, perseguir, juzgar y rehabilitar con eficiencia y sin corrupción. La tesis central es una: México tiene un problema de crimen organizado porque tiene un problema de Estado. No al revés.
I. Marco de análisis: por qué el enfoque correcto importa
Existe una tendencia dominante en el análisis de seguridad que podría denominarse el sesgo del titular: la tendencia a evaluar el éxito o fracaso de la política de seguridad a partir de eventos puntuales, capturas, abatimientos, decomisos, que producen un impacto mediático inmediato pero que dicen muy poco sobre la fortaleza o debilidad real del sistema que se pretende combatir. Ese sesgo no es inocente: responde a incentivos políticos que premian la visibilidad sobre la efectividad, y produce una comprensión del fenómeno criminal que llega siempre tarde.
El enfoque correcto exige invertir la dirección del análisis: en lugar de estudiar al crimen organizado de arriba hacia abajo, desde los líderes hacia las organizaciones, es necesario estudiarlo de abajo hacia arriba, desde los territorios de origen, los municipios abandonados, las colonias sin Estado, los jóvenes sin opciones, hasta las redes transnacionales de poder. Solo desde esa perspectiva es posible entender por qué cada "golpe maestro" al crimen organizado en México ha tenido, históricamente, un efecto limitado y frecuentemente transitorio.
Solis Tipian, Contreras Rivera y Sánchez Ramírez (2021), en su investigación sobre políticas públicas y seguridad ciudadana en uno de los distritos más populosos de Lima, Perú, documentaron una percepción generalizada que resuena con fuerza en el contexto mexicano: los ciudadanos perciben que el Estado sabe del problema pero no tiene estrategia real para enfrentarlo, y esa percepción no es solo un dato de opinión pública, sino el insumo con el que el crimen organizado construye legitimidad social en los territorios que el Estado ha abandonado.
El presente análisis adopta un enfoque sistémico y multinivel que reconoce cuatro dimensiones simultáneas e interdependientes del problema: la dimensión territorial y local, la dimensión institucional y de captura del Estado, la dimensión cultural y de reproducción social del crimen, y la dimensión internacional y geopolítica. Ninguna de ellas puede entenderse ni resolverse de forma aislada.
II. El origen ignorado: cómo se fabrica un líder criminal desde la calle
Los encargados de la política de seguridad en México y en buena parte de América Latina comparten un error de perspectiva que tiene consecuencias prácticas graves: analizan el crimen organizado cuando ya es visible, cuando ya es poderoso, cuando ya controla territorios y tiene capacidad de desafiar militarmente al Estado. Para entonces, el problema lleva años, a veces décadas, construyéndose en lugares que nadie miró a tiempo.
Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán. Un municipio pequeño, con pobreza estructural, con presencia institucional mínima y con las mismas condiciones que caracterizan a cientos de municipios mexicanos donde el Estado existe en papel pero no en la vida cotidiana de sus habitantes. Antes de ser "El Mencho", líder del cartel más violento del continente, fue un joven en ese contexto. Eso no es una justificación moral; es un diagnóstico con implicaciones de política pública que el sistema ha preferido ignorar sistemáticamente.
Las etapas del ascenso
El proceso de formación de un líder criminal desde la base comunitaria sigue, con variaciones, una trayectoria identificable que tiene etapas concretas. Y en cada una de ellas existe un punto de intervención posible que el Estado, en la mayoría de los casos, no aprovecha.
La primera etapa es la del joven visible en el barrio. Todo comienza con algo aparentemente menor: visibilidad, respeto y pertenencia. El futuro líder criminal no empieza robando bancos; empieza siendo el que resuelve problemas en su cuadra, el que tiene acceso a cosas que otros no tienen, el que genera lealtades locales a través de favores, protección o carisma. En esta etapa, una presencia institucional real, escuelas de calidad, espacios de desarrollo, referentes de autoridad legítima, podría alterar la trayectoria. No la hay.
La segunda etapa es la del operador local. Ya no es solo el chico del barrio; tiene una función dentro de una red más amplia. Puede ser vigilancia, distribución a pequeña escala, cobro de extorsiones menores o reclutamiento. En este momento su nombre empieza a circular en círculos reducidos. La policía municipal lo conoce, a veces lo tolera, a veces lo protege activamente, a veces simplemente lo ignora porque no tiene recursos ni voluntad institucional para actuar. Esta es la etapa donde la corrupción de proximidad, la del policía de barrio, el ministerio público local, el funcionario municipal, juega un papel estructurante. No como excepción, sino como sistema.
La tercera etapa es la del mando regional. Aquí ya hay una organización real detrás. Territorio controlado, red de operadores, ingresos constantes y capacidad de violencia demostrada. El nombre ya debería estar en los radares de la inteligencia estatal y federal. Y frecuentemente está, pero la respuesta institucional sigue siendo fragmentada, intermitente y vulnerable a la corrupción. Los expedientes se abren y se cierran.
Los operativos se filtran. Los testigos no tienen protección real. El sistema judicial devuelve a los detenidos al poco tiempo. Cada uno de esos fallos institucionales es un escalón que el futuro líder sube.
La cuarta etapa es la consolidación. Ya tiene poder territorial, capacidad financiera, red de protección política y una reputación construida sobre años de violencia estratégica y gobernanza criminal paralela. En este punto, desmantelarlo requiere un esfuerzo institucional masivo, coordinado y sostenido que el Estado mexicano históricamente no ha podido, o no ha querido, ejecutar. Y el ciclo se cierra cuando ese líder cae o muere, y en alguna colonia de algún municipio otro joven invisible comienza exactamente el mismo recorrido.
"El Estado no enfrenta al narco cuando ya es poderoso. Lo produce cuando era invisible."
El municipio como unidad de análisis ignorada
El municipio es la unidad de gobierno más cercana al ciudadano y la más débil institucionalmente en México. La mayoría de los municipios del país tienen períodos de gobierno de tres años sin posibilidad de reelección inmediata, lo que produce una discontinuidad administrativa crónica. Los presidentes municipales llegan sin experiencia, con equipos improvisados, con presupuestos insuficientes y con una policía local que en muchos casos está más cercana al crimen organizado que al Estado federal.
En ese contexto, el joven que está construyendo su poder en la colonia no enfrenta una institución sólida; enfrenta un vacío con uniforme. Y cuando ese vacío se repite municipio tras municipio, año tras año, administración tras administración, el resultado acumulado no es solo inseguridad local. Es la construcción silenciosa, invisible para los radares del análisis nacional, de la base de reclutamiento, financiamiento y legitimidad social sobre la que se sostienen organizaciones como el CJNG.
III. Captura institucional: cuando el Estado deja de ser el Estado
El análisis de la inseguridad en México frecuentemente menciona la corrupción como un problema relevante, pero lo trata como una variable periférica, como la manzana podrida dentro de un sistema por lo demás funcional. Esa lectura es incorrecta y políticamente conveniente para
quienes se benefician del diagnóstico equivocado. Lo que México enfrenta en sus zonas de mayor violencia no es corrupción individual dentro de instituciones funcionales; es captura institucional, es decir, la reconfiguración de las instituciones para que sirvan a los intereses del crimen organizado.
La distinción es crucial porque produce consecuencias completamente diferentes. La corrupción individual puede ser combatida con controles internos, sanciones y depuración de personal. La captura institucional requiere una reconstrucción más profunda, porque la institución misma, su cultura, sus incentivos, sus procedimientos y sus redes de lealtad, ha sido reorganizada para servir a otros fines.
Los tres niveles de la captura
En el nivel municipal, que es el más visible y el que suele citarse en los análisis, el crimen organizado controla licencias, permisos de operación, tesorería, policía preventiva y en casos documentados hasta el registro civil. El alcalde de Tequila, Jalisco, investigado por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG, es un ejemplo ilustrativo de cómo la penetración criminal no es una excepción geográfica sino una posibilidad estructural que el diseño institucional municipal en México hace difícil de prevenir y fácil de sostener.
En el nivel estatal, la infiltración alcanza fiscalías, secretarías de seguridad, sistemas penitenciarios y en algunos casos legislaturas locales. Este nivel es el más dañino para la operación del Estado de derecho porque es donde se toman las decisiones sobre quién es investigado, quién es procesado y quién permanece en libertad. Cuando una fiscalía estatal está capturada, la policía federal puede detener a un operador del CJNG y el sistema lo devuelve a la calle antes de que el operativo termine.
En el nivel federal, que es el que menos se discute públicamente porque las implicaciones son más incómodas, la pregunta sobre la penetración en agencias de inteligencia, fuerzas armadas y órganos de procuración de justicia es inevitable a la luz de casos documentados de militares, agentes y funcionarios procesados por vínculos con organizaciones criminales. No se trata de afirmar que las instituciones federales están completamente capturadas, sino de reconocer que la captura parcial y selectiva en esos niveles produce efectos devastadores sobre cualquier estrategia de desmantelamiento del crimen organizado.
El resultado más grave de la captura institucional no es la corrupción en sí, sino la impunidad sistémica que genera. En México, más del 90% de los delitos no se investigan ni se sancionan. Eso no es únicamente un problema de capacidad; es también, y en una proporción significativa, un problema de voluntad y de a quién le conviene que la impunidad persista. Cuando la impunidad es sistemática, la organización criminal no necesita vencer al Estado; le basta con colonizarlo selectivamente.
IV. La política de seguridad que no existe: del municipio a la federación
México no tiene una política de seguridad pública en el sentido técnico y sustantivo del término. Tiene una sucesión de estrategias reactivas, cambiantes con cada administración, sin continuidad institucional, sin evaluación seria de resultados y sin una arquitectura que conecte de manera coherente los tres niveles de gobierno. Cada sexenio trae su propia narrativa, su propio nombre de programa y su propio aparato simbólico, pero ninguno ha construido la infraestructura institucional que haría posible una respuesta sostenida en el tiempo.
Solis Tipian y colaboradores documentan en su investigación que los funcionarios, policías y ciudadanos entrevistados en Lima coincidieron en señalar que el Estado atiende el problema de seguridad sin estrategia real, sin recursos suficientes y sin evaluación de resultados. Esa descripción, generada en el contexto peruano, describe con precisión el estado de la política de seguridad municipal en México, donde los presidentes municipales enfrentan mandatos cortos, presupuestos insuficientes y una policía local estructuralmente inadecuada para el nivel de violencia que el crimen organizado puede desplegar.
La trampa de la militarización
La respuesta predominante del Estado mexicano ante el escalamiento de la violencia ha sido la militarización de la seguridad pública. Las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, han asumido progresivamente funciones que en sistemas democráticos maduros corresponden a instituciones civiles especializadas: patrullaje, control del territorio, operativos de captura y, más recientemente, funciones de inteligencia y administración de infraestructura civil a través de la Guardia Nacional.
El problema de ese modelo no es que el Ejército no tenga capacidad operativa, sino que la militarización resuelve el síntoma más visible sin atacar las causas del problema. Las fuerzas armadas pueden contener, pueden capturar y pueden abatir, pero no pueden investigar delitos complejos con los estándares procesales necesarios para lograr condenas, no pueden reconstruir el tejido social en comunidades capturadas por el crimen, y no pueden generar la confianza ciudadana que hace posible la cooperación con el Estado. Cuando se les asignan todas esas funciones, el resultado adicional es una militarización que opera en un marco legal difuso y con mecanismos de rendición de cuentas insuficientes.
La opacidad como herramienta
Un elemento que el análisis de política pública raramente nombra con claridad es la opacidad deliberada. En México, la ausencia de datos abiertos, evaluación independiente y acceso a información sobre operativos, detenidos, decomisos reales y destino de activos no es únicamente consecuencia de deficiencias administrativas. En una proporción que es difícil de cuantificar pero que es imposible de ignorar, es funcional para proteger redes de corrupción y complicidad que se benefician de que nadie pueda medir si las estrategias funcionan o únicamente producen narrativa favorable al gobierno en turno.
Sin datos, sin evaluación y sin rendición de cuentas, la política de seguridad se convierte en un espacio donde la imagen sustituye a los resultados. Y en ese espacio, el abatimiento de un líder criminal, como el de “El Mencho” en febrero de 2026, puede ser presentado como un éxito histórico independientemente de lo que ocurra después, porque no existen los mecanismos institucionales necesarios para medir sus consecuencias reales en el mediano y largo plazo.
V. Tres episodios, un mismo diagnóstico
Los tres eventos que enmarcan este análisis, “el Culiacanazo” de 2019, “el Culiacanazo 2.0” de 2023 y el abatimiento de “El Mencho” en 2026, no son episodios separados. Son momentos sucesivos de una misma historia sobre la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado, y cada uno ilumina una dimensión diferente del problema estructural que hemos venido describiendo.
“El Culiacanazo” (octubre de 2019): la rendición documentada
El 17 de octubre de 2019, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el objetivo de concretar su extradición a Estados Unidos. La respuesta del Cártel de Sinaloa fue inmediata, coordinada y devastadora: bloqueos simultáneos en múltiples puntos de la ciudad, enfrentamientos con elementos militares, amenazas directas a familias de personal de seguridad y una demostración de control territorial que paralizó a una capital estatal durante horas.
El gobierno federal ordenó la liberación del detenido. La justificación oficial fue humanitaria: evitar más víctimas civiles. La realidad política era más sencilla y más grave: el Estado mexicano no estaba preparado para asumir las consecuencias de esa acción y optó por capitular de manera pública y documentada.
Las implicaciones institucionales de ese episodio fueron de largo alcance. Primero, envió un mensaje inequívoco a todas las organizaciones criminales del país: la respuesta armada masiva puede revertir una operación federal. Segundo, evidenció que no existía ni inteligencia adecuada ni protocolo de contingencia para un operativo de esa naturaleza. Tercero, y quizás más grave, demostró que la captura de la voluntad política no requiere ser clandestina: puede operar a través de la simple parálisis de la decisión ante la presión.
Aplicando el marco de Solis Tipian al caso, “el Culiacanazo” fue el colapso simultáneo de las cuatro subcategorías de la seguridad ciudadana: no hubo prevención efectiva del riesgo operativo, el control falló en tiempo real, la persecución del delito se revirtió sobre sí misma, y los ciudadanos de Culiacán que vivieron horas de terror no tuvieron ningún mecanismo institucional de atención. Todo en el mismo día y en el mismo lugar.
“El Culiacanazo 2.0” (enero de 2023): la soberanía condicionada
Cuatro años después, Culiacán volvió a arder. Esta vez la causa no fue un operativo del Estado, sino las consecuencias de la captura y extradición a Estados Unidos del mismo Ovidio Guzmán López, consumada en enero de 2023. La reacción fue similar a la de 2019 en sus formas, bloqueos, quema de vehículos, ataques a instalaciones militares, pero diferente en su origen: fue una demostración de poder reactivo ante una pérdida, no una negociación en tiempo real.
A diferencia del primer “Culiacanazo”, el gobierno mexicano no liberó al detenido. Ese resultado podría leerse como fortaleza institucional, pero el contexto obliga a una lectura más matizada: la operación fue coordinada con y para el gobierno de Estados Unidos, con miras a la extradición. La voluntad política de sostener la detención no provino principalmente de una lógica soberana mexicana de persecución del delito, sino de la presión e interés estratégico de Washington. Eso no invalida el resultado, pero sí revela dónde reside realmente la capacidad de decisión en materia de seguridad en la relación bilateral.
“El Culiacanazo 2.0” reveló además la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa como proceso ya en marcha. La captura de Ovidio Guzmán no solo desató violencia reactiva; aceleró la ruptura entre las facciones de “Los Chapitos” e Ismael “El Mayo” Zambada, ruptura que terminaría siendo uno de los elementos más desestabilizadores del panorama criminal mexicano en los años siguientes. Eso confirma una de las hipótesis centrales sobre el análisis: la caída de un líder no desintegra ordenadamente la organización; abre un período de violencia de transición cuya intensidad depende de cuánto haya invertido el Estado en construir una respuesta integral durante ese tiempo.
El abatimiento de “El Mencho” (febrero de 2026): la prueba que viene
Si el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes se confirma con la robustez forense e institucional necesaria, estaríamos ante el golpe más significativo al CJNG desde su fundación. Pero el análisis histórico obliga a una lectura crítica: el CJNG es, de las grandes organizaciones criminales mexicanas, la que más ha avanzado en el modelo de empresa criminal descentralizada. Tiene presencia operativa en más de veinte estados de México y células documentadas en decenas de países. Su cadena de valor, que incluye tráfico de fentanilo, extorsión, huachicol, economías locales capturadas y lavado de activos transnacional, no depende de la supervivencia física de ningún individuo para funcionar.
Lo que sí puede ocurrir, y aquí está el riesgo más inmediato, es el escenario de fragmentación violenta. El CJNG tiene mandos regionales con autonomía operativa real y una historia de disputas internas que han sido gestionadas por la autoridad central. Sin esa autoridad, varios mandos pueden intentar consolidar su propio dominio, produciendo exactamente el ciclo de violencia de transición que caracteriza los períodos de vacío de liderazgo en organizaciones criminales complejas.
La pregunta que define el valor real del abatimiento no es si ocurrió, sino qué hace el Estado mexicano a continuación. Un golpe táctico sin seguimiento estratégico se convierte en símbolo. Un golpe táctico acompañado de desmantelamiento financiero, judicialización de redes, depuración institucional y reconstrucción de gobernanza local puede ser el inicio de algo distinto. La historia reciente no genera optimismo, pero tampoco determinismo: la ventana existe; el resultado depende de la voluntad y la capacidad institucional para aprovecharla.
VI. La narcocultura: la infraestructura invisible
Ningún análisis de seguridad sobre el CJNG o el crimen organizado mexicano está completo si no aborda la narcocultura como variable estructural. Y sin embargo, es precisamente el elemento que más sistemáticamente se omite, probablemente porque su reconocimiento obliga a preguntas incómodas sobre el papel del abandono institucional en la construcción de referentes culturales alternativos.
La narcocultura no es un subproducto del crimen organizado; es en parte su infraestructura social. Cuando una organización como el CJNG logra convertirse en referente de ascenso social, de identidad colectiva, de protección y hasta de justicia informal en comunidades donde el Estado es sinónimo de ausencia o abuso, ya no estamos hablando solo de un problema policial. Estamos hablando de una disputa por la legitimidad del orden social.
Los tres planos de la narcocultura
En el plano económico, el crimen organizado es en muchas regiones el empleador más dinámico, el que paga mejor y el que ofrece movilidad social rápida, especialmente a jóvenes sin opciones reales. Para un joven en un municipio de Jalisco o Michoacán con acceso a educación deficiente, sin mercado laboral formal y con una familia que vive en condiciones de precariedad, el reclutamiento criminal no es una elección entre el bien y el mal; es frecuentemente la única oferta de ascenso social que recibe.
En el plano simbólico, el crimen organizado construye narrativas de poder, lealtad y pertenencia que compiten directamente con las instituciones del Estado. La figura del líder criminal que "se hizo solo", que protege a su comunidad de origen y que desafía al sistema que lo abandonó, tiene una resonancia cultural profunda en contextos de desigualdad estructural. Esa narrativa no es propaganda fabricada; es una construcción social genuina que emerge del abandono real y que el Estado no ha sabido, ni querido, disputar con una narrativa alternativa creíble.
En el plano cultural propiamente dicho, la música, la estética, los códigos de conducta y las estructuras de género se reconfiguran alrededor de los valores del crimen organizado en las comunidades de mayor influencia. Eso hace que el reclutamiento no sea solo coercitivo sino también aspiracional, lo que lo hace significativamente más difícil de combatir mediante operativos de seguridad.
Desmantelar esa infraestructura cultural no se hace con militares; se hace con presencia estatal real, con oportunidades concretas y sostenidas, con educación de calidad y con una narrativa alternativa que el Estado mexicano históricamente no ha sabido construir. Mientras eso no ocurra, por cada líder criminal abatido, el sistema que lo produjo tiene capacidad de generar su reemplazo, no porque el crimen sea invencible, sino porque las condiciones estructurales que lo alimentan permanecen intactas.
VII. La corresponsabilidad bilateral: el negocio que arma la narcoguerra
Existe una asimetría narrativa fundamental en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad que es necesario nombrar con claridad: Washington exige resultados, financia operativos, sanciona líderes criminales, presiona por extradiciones y amenaza con intervención unilateral. Todo eso desde una posición de superioridad moral implícita en la que el problema es México, los cárteles son mexicanos y la violencia ocurre en México. Esa narrativa, que domina los foros diplomáticos y los documentos de política bilateral, omite deliberadamente dos verdades estructurales que hacen de Estados Unidos un actor corresponsable, no un socio externo benigno.
El flujo de armas
La primera verdad es el flujo de armamento. Las cifras documentadas por la propia Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, la ATF, indican de manera consistente que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas confiscadas en México y sometidas a trazabilidad tienen origen en territorio estadounidense. Ese rango varía según el período y la metodología, pero la tendencia es inequívoca y ha sido sostenida durante décadas.
El mecanismo es relativamente directo en su arquitectura. En estados fronterizos como Texas, Arizona, Nuevo México y California, las leyes de adquisición de armas son notablemente permisivas. Las compras de paja, donde una persona sin antecedentes adquiere armas legalmente para transferirlas ilegalmente a terceros, han sido durante años el canal principal de abastecimiento de los cárteles mexicanos. A eso se suman las ferias de armas con vacíos regulatorios, el mercado secundario con escasa trazabilidad y, en casos documentados, redes de tráfico organizadas con operaciones a ambos lados de la frontera.
El caso más emblemático fue la Operación Rápido y Furioso, ejecutada por la ATF entre 2009 y 2011, donde agentes estadounidenses permitieron deliberadamente que más de dos mil armas cruzaran la frontera hacia México con la intención de rastrearlas hasta los líderes de los cárteles. El operativo fracasó: las armas se perdieron en el sistema criminal mexicano y algunas aparecieron en escenas de crímenes, incluyendo el asesinato de un agente fronterizo estadounidense. Ese episodio no fue solo un error operativo; fue la demostración de que dentro del propio aparato de seguridad de Washington existían lógicas que priorizaban la inteligencia sobre la responsabilidad, con consecuencias letales para México.
El impacto sobre la violencia en México es directo y medible. El CJNG, el ejemplo más extremo, ha documentado el uso de vehículos blindados artesanales, drones modificados con explosivos y armamento de alto calibre que no sería accesible sin ese flujo constante desde el norte. Cuando el Ejército mexicano enfrenta a células del cartel, en alguna medida está enfrentando armamento fabricado en Estados Unidos, vendido legalmente en algún punto de su cadena y traficado a través de un sistema que Washington no ha tenido voluntad real de desmantelar porque hacerlo requeriría enfrentar a la industria armamentista y al lobby de la Segunda Enmienda, los actores políticos más poderosos del debate doméstico estadounidense.
El mercado que financia todo
La segunda verdad corresponsable es el mercado de consumo. Estados Unidos es el mercado de drogas más grande del mundo. La epidemia de opioides y fentanilo que ha devastado comunidades estadounidenses en la última década es en parte consecuencia directa del negocio que el CJNG y otras organizaciones mexicanas han construido para satisfacer esa demanda. Pero esa demanda no fue creada por los cárteles: fue generada por décadas de prescripción irresponsable de opioides por parte de la industria farmacéutica estadounidense, con la complicidad o negligencia de reguladores federales. Los cárteles no crearon el mercado; lo capturaron cuando la regulación farmacéutica lo dejó huérfano.
Eso configura una situación estructuralmente absurda: Estados Unidos exporta hacia México el dinero que financia a los cárteles, a través del consumo de drogas, y exporta también las armas que esos cárteles usan para defender sus operaciones. Y luego exige a México que resuelva el problema con instituciones debilitadas por décadas de abandono y corrupción, en parte producidas por esas mismas dinámicas.
Una cooperación asimétrica
La relación bilateral en materia de seguridad no es una asociación entre iguales. Es una relación de asimetría donde Washington define los términos, establece las prioridades, decide cuándo cooperar y cuándo presionar, y mantiene sobre México la amenaza permanente de certificación o descertificación que tiene consecuencias económicas reales. En ese marco, México ha oscilado históricamente entre la subordinación operativa, que acepta los términos de Washington a costa de la soberanía real, y el nacionalismo defensivo, que rechaza la cooperación bajo argumentos soberanistas pero sin construir la capacidad institucional interna que haría esos argumentos creíbles.
Lo que falta es una política exterior de seguridad mexicana que exija reciprocidad real en el control de armas y lavado de dinero, que construya alianzas multilaterales que reduzcan la dependencia bilateral, y que use los foros internacionales para documentar con la misma energía con que Washington documenta los fallos mexicanos la corresponsabilidad estructural del lado norte de la frontera. Eso requiere un Estado mexicano lo suficientemente sólido institucionalmente para negociar en esos términos, sin que la corrupción interna le quite argumentos antes de sentarse a la mesa.
VIII. Conclusiones: lo que los tres eventos realmente miden
El análisis desarrollado en estas páginas conduce a una conclusión que es incómoda precisamente porque distribuye responsabilidades en múltiples direcciones y no permite construir una narrativa simple de víctimas y victimarios. El crimen organizado en México, y el CJNG como su expresión más violenta y compleja, no es un fenómeno que ocurrió a pesar del Estado mexicano. Es en parte un fenómeno que ocurrió gracias a sus vacíos, sus omisiones y sus complicidades, acumulados durante décadas en todos los niveles de gobierno.
“El Culiacanazo” de 2019 midió la voluntad política del Estado mexicano ante la presión criminal. La encontró ausente. “El Culiacanazo 2.0” de 2023 midió la soberanía real del Estado en materia de seguridad. La encontró condicionada a los intereses estratégicos de Estados Unidos. El abatimiento de “El Mencho” en febrero de 2026 medirá la capacidad institucional del Estado para convertir un golpe táctico en una transformación estratégica. Ese resultado está por escribirse, pero la historia reciente no invita al optimismo automático.
Lo que los tres eventos juntos revelan, con una claridad que debería ser imposible de ignorar para los encargados de la política de seguridad en México, es que el país no tiene un problema de crimen organizado que debe resolver para tener un Estado funcional. Tiene un problema de Estado que produce, alimenta y recicla el crimen organizado de manera sistémica. Mientras esa relación causal no se entienda y se actúe sobre ella de manera integral y sostenida, los titulares seguirán siendo espectaculares y el iceberg seguirá intacto bajo la superficie.
"El país no tiene un problema de crimen organizado que resolver para tener un Estado. Tiene un problema de Estado que produce crimen organizado de manera sistémica."
Las condiciones de una transformación real
Una transformación real del panorama de seguridad en México requiere, como mínimo, cinco condiciones simultáneas que ningún gobierno ha logrado sostener de manera articulada. La primera es la reconstrucción institucional desde el municipio, con financiamiento suficiente, continuidad administrativa, profesionalización policial real y mecanismos de rendición de cuentas que no dependan de la voluntad del presidente municipal en turno. La segunda es el desmantelamiento financiero del crimen organizado, que va mucho más allá de los decomisos puntuales e implica extinción de dominio efectiva, trazabilidad de prestanombres y empresas fachada, y cooperación judicial internacional sostenida.
La tercera condición es la reconstrucción de la función judicial, con fiscalías autónomas y funcionales, jueces protegidos de la presión criminal y un sistema de protección a testigos que haga posible la cooperación ciudadana en los territorios más violentos. La cuarta es una política social que conecte explícitamente con la estrategia de seguridad, reconociendo que el reclutamiento criminal se combate con presencia estatal real, oportunidades educativas y laborales concretas, y una narrativa de legitimidad institucional que compita con la que el crimen organizado construye desde abajo. La quinta, finalmente, es una política exterior de seguridad que exija corresponsabilidad real de Estados Unidos en el control de armas y el combate al lavado de dinero, sin subordinarse a los intereses de Washington ni escudarse en un nacionalismo que encubre las propias deficiencias.
Ninguna de esas condiciones es técnicamente imposible. Todas son políticamente difíciles porque afectan intereses consolidados, requieren continuidad que trasciende ciclos electorales y obligan a un nivel de transparencia que incomoda a múltiples actores dentro y fuera del gobierno. Pero sin ellas, el ciclo continuará: líderes criminales que ascienden desde colonias invisibles, instituciones que los toleran o los protegen, operativos espectaculares que los eliminan, y organizaciones que los reemplazan. Una y otra vez. Hasta que alguien decida que el problema es el sistema, no el individuo.
Referencias y fuentes
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Instituto Superior de Ciencias de la Seguridad y Administración Pública | Febrero 2026
